La batalla de las generaciones

EUROPA - Los gobiernos sostienen que las reformas laborales y pensionales son inevitables, pero la gente protesta en las calles porque no quiere pagar los platos rotos del salvamento del sistema financiero.

Los trenes no marchan. Las estaciones de gasolina se quedan sin nada que vender y los automovilistas ya no pueden usar sus vehículos. Los disturbios se multiplican en las ciudades, y algunos incluyen quema de carros. Los aeropuertos están bloqueados, y los artistas como Lady Gaga cancelan sus presentaciones, porque nada garantiza que el público pueda asistir. Los sindicatos llevaron a las calles a cerca de 3,5 millones de personas de todas las generaciones que convirtieron al país de la protesta social en un verdadero campo de batalla, mientras en el exterior muchos se preguntan: ¿Arde París?

Detrás del caos que se apodera de las ciudades francesas está la reforma pensional que aprobó el viernes el Senado francés, con la que el gobierno de Nicolas Sarkozy aspira a aumentar la edad mínima de jubilación de 60 a 62 años. Se trata de un gobierno que suda frío cuando mira hacia el futuro y siente el peso de un déficit fiscal del 8 por ciento de su PIB esperado para este año, mientras el pueblo, indignado, no piensa dejar que le cobren los platos rotos.

Para muchos era inevitable que el Parlamento aprobara el proyecto diseñado en el Palacio del Elíseo, ya que obedece a un razonamiento aparentemente incontrovertible: si la reforma no se lleva a cabo, en el futuro no habrá dinero para costear la seguridad social. El envejecimiento de la población y la baja natalidad hacen que cada vez menos personas paguen los impuestos necesarios para cancelar las pensiones del número creciente de jubilados. El presidente Sarkozy, en la mira inclemente de los manifestantes, no solo ha justificado la reforma como una necesidad económica, sino también como un deber moral: "¿Qué pasaría si luego no hay dinero para pagar las pensiones de los más pobres?", dijo a la prensa esta semana, tras condenar las revueltas. Muchos están de acuerdo. Jaime Ortega, profesor de la City University en Londres e investigador de la London School of Economics, dijo a SEMANA que la reforma es "apropiada", entre otras cosas, porque si esta no se aprobaba al gobierno francés "le quedaría muy difícil llevar a cabo otras alternativas", con lo que se estaba jugando su credibilidad para sacar grandes reformas políticas adelante.

Sin embargo, otras voces señalan que sí hay alternativas. En diálogo con SEMANA, Richard Wolff, profesor emérito de la Universidad de Massachusetts y autor del libro Capitalism Hits the Fan, comparó la crisis europea con la que se desató en Estados Unidos en 2008: "Si el gobierno hubiera gravado a la población estadounidense más rica -2,5 millones de personas, aproximadamente el uno por ciento del total- con un impuesto del 15 por ciento solamente sobre sus acciones en la bolsa y bonos, habría podido reunir el valor total de su déficit. Lo mismo podría hacerse en Europa, donde la situación es exactamente la misma". Gravar algunos de los activos de la gente más acaudalada es también una de las propuestas de los sindicatos y la izquierda en el país galo.

Pero la discusión de fondo se sale del ámbito francés y afecta a todo el Viejo Continente. "Se trata del desarrollo político más importante en Europa en los últimos 50 años", afirma Wolff, quien reconoce que movimientos paralelos en varios países evidencian una crisis del modelo del estado de bienestar. En Grecia, hace unos meses, las medidas de choque desataron un malestar social que se saldó con muertos y heridos. Pero políticas similares no se detienen. Esta semana, el gobierno británico anunció la eliminación de medio millón de empleos del sector público en un país en el que los ciudadanos tendrán que trabajar hasta los 66 años antes de poder cobrar una pensión pública. El presupuesto de los ministerios se reducirá en un promedio del 19 por ciento y el Ejército perderá 49.000 empleos y millonarios recursos. En definitiva, se trata del recorte más drástico en el Reino Unido desde la Segunda Guerra Mundial.

El responsable británico del Tesoro, George Osborne, adoptó el miércoles un semblante sombrío en la Cámara de los Comunes. "Hoy es el día en que Gran Bretaña retrocede un paso del borde del abismo -dijo-. Abordar el déficit presupuestario es inevitable. Renunciar ahora a eso y abandonar nuestros planes sería un camino a la ruina económica", añadió, con plena conciencia de que con tales recortes el gobierno en Downing Street hace una apuesta tan riesgosa como necesaria. Con ella, intentará reducir al 3 por ciento, en cuatro años, un déficit que sobrepasa el 11 por ciento del PIB. Aun si lo logra, el costo político es inconmensurable para el gobierno de David Cameron.

En España, donde el desempleo ha llegado al 20 por ciento, el gobierno socialista ha adoptado medidas de recorte con las que espera reducir el déficit fiscal del 11,1 por ciento que presentó en 2009 a un 9,3 en 2010. España es de los países de la Eurozona que más se han visto afectados por la crisis. Esta semana, presentó un grave síntoma en la esfera política: el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cambió a casi todo su gabinete ministerial, en un vuelco que él mismo explicó como destinado a renovar "la tarea prioritaria: completar las reformas económicas y sociales necesarias para la recuperación de la economía". No obstante, algunos atribuyen la medida al récord de baja popularidad en la que está sumida la administración de Rodríguez Zapatero y su partido, el Psoe, que en las últimas encuestas presenta un 28,5 por ciento de favorabilidad frente a un 43 para el conservador PP.

En definitiva, varios gobiernos de la Unión Europea se van a apretar el cinturón para ahorrar alrededor de 217.000 millones de euros. Pero muchos coinciden en que la crisis es producto del enorme endeudamiento en que incurrieron los Estados en el pasado para salvar la banca y el sector privado de las quiebras. Para Wolff, el discurso de "austeridad" que están adoptando los gobiernos es un eufemismo, ya que vuelca sobre los ciudadanos la responsabilidad de remendar el resultado de la protección irresponsable que dio el sector público a unos pocos acaudalados. "Por eso es que en Francia hoy hay millones de personas en las calles con un eslogan que dice, con razón: 'Nosotros ya pagamos por sus ganancias, ya hemos sufrido su crisis. Ahora, no dejaremos que nos hagan pagar el costo de reparar su crisis capitalista'", asegura.

Lo cierto es que en Francia la protesta parece tener más apoyo popular que el que exclusivamente arrastran los sindicatos, que convocaron a nuevas manifestaciones. Según un sondeo del periódico Le Parisien, 71 por ciento de los franceses está de acuerdo con la huelga. En lo que respecta a Sarkozy, dicen que este episodio ha sido una especie de referéndum. "El eslogan electoral de Sarkozy: 'Trabajar más para ganar más' es ahora un chiste" -dijo a SEMANA Aude Bicquelet, investigadora en la London School of Economics-. El Presidente había prometido específicamente, durante su campaña y después de ella, que no cambiaría el sistema de pensiones". Bicquelet llama a la calma y opina que es prematuro hablar de una crisis del sistema. "De pronto nos dirigimos hacia una. Pero hablaremos de crisis cuando los Estados no puedan dar las mínimas garantías sociales y financieras a sus ciudadanos". Lo que sí es cierto es que el resto de gobernantes que luchan contra las vacas flacas en sus países ven en el espejo de los franceses un fenómeno que, probablemente, se les viene pierna arriba.

 

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